22 de abril de 2004

HUESCA

Investigan un fraude alimentario en granjas de conejos
El Seprona realiza una operación especial en 28 explotaciones de la provincia.

RUBÉN DARÍO NÚÑEZ. Huesca | Un total de 139 infracciones administrativas, la gran mayoría graves, por presuntos fraudes alimentarios en granjas de conejos. Este es el resultado de una operación especial llevada a cabo el pasado miércoles por el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil en pleno, en colaboración con el departamento de Agricultura del Gobierno de Aragón, en la que inspeccionaron 28 explotaciones de la provincia.

La investigación persigue detectar el posible suministro irregular de medicamentos a estos animales (incumpliendo las leyes sanitarias) por carecer de receta, por errores en su control médico o por no respetar el tiempo de espera que estipula la ley antes de poder llevar al animal al matadero para que la carne que llegue al mercado no supere el límite de residuos permitido.

Para comprobar estas sospechas, las 8 patrullas del Seprona, acompañadas cada una de un veterinario del departamento de Agricultura, visitaron una a una las 28 granjas de cría y engorde de conejos que tienen como destino mataderos de Cataluña.

Durante las inspecciones, los agentes recogieron numerosas muestras de piensos y agua que ayer mismo fueron trasladadas al laboratorio de la Guardia Civil en Madrid para analizarlas y comprobar si las sospechas iniciales son ciertas y se detecta algún tipo de sustancia perjudicial para la salud de los consumidores.

Reducir el tiempo de cría

Según ha podido saber este periódico, se trata de averiguar si hay ganaderos que están infringiendo la ley al suministrar a los conejos una alimentación con sustancias potenciadoras de crecimiento para reducir considerablemente el tiempo de cría de los animales. Lo que aún no se sabe a la espera de los análisis es qué tipo de riesgo implicaría esta práctica para el consumo humano.

Hasta el momento, la Guardia Civil no ha practicado ninguna detención, pero los resultados de los análisis podrían llevar a la apertura de diligencias judiciales ya que este tipo de infracciones constituyen un delito contra la salud pública. La operación se inició a las siete y media de la mañana del miércoles y finalizó pasadas las once de la noche.